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27 de febrero de 2013
Editorial

Ha costado mucho que las instituciones, locales, autonómicas, estatales y europeas, reconozcan por fin las ventajas del ferrocarril frente a otros modos de transportes: ventajas sociales y medioambientales, de accesibilidad, de seguridad, energéticas, de cohesión territorial y, si realmente se fomentara el ferrocarril, ventajas económicas...
 
Sin embargo, lejos de fomentar su utilización, las políticas de transportes se dirigen hacia su privatización siguiendo modelos fracasados, y siguen beneficiando a la carretera, al avión y a las grandes constructoras, haciéndonos pagar megaproyectos de alta velocidad que carecen de demanda.
 
El ferrocarril atraviesa uno de sus momentos más dramáticos, amenazado por la fragmentación y la privatización, por la eliminación de numerosos servicios de viajeros con alto contenido social y por el cierre de líneas en los territorios más desfavorecidos en cuanto a accesibilidad a los servicios básicos.
 
Ahora, más que nunca, es necesario defender, todos juntos, un ferrocarril que hemos construido entre todos, que debe pertenecer a la sociedad y que debe estar al servicio de nuestros intereses y necesidades. Un ferrocarril público y social.
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NO PERDAMOS EL TREN

PLATAFORMA POR EL DESARROLLO DEL FERROCARRIL PÚBLICO EN ARAGÓN


No podemos aceptar pasivamente la reducción de servicios ferroviarios aduciendo para ello criterios de rentabilidad económica y de baja afluencia de viajeros, más aún cuando esta situación ha sido consecuencia directa del abandono y la desinversión al que el ferrocarril convencional ha estado sometido durante décadas. Aragón necesita contar con un servicio ferroviario potente, de titularidad y gestión íntegramente públicas, pues un sistema de trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, grandes distancias y mercancías es pieza fundamental para la vertebración del territorio, el sostenimiento del medio rural y la promoción de nuestro desarrollo económico.

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25/05/2013

nuevatribuna.es
Por un holding ferroviario español

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A diferencia de otros sectores, todavía se está a tiempo de defender para España la permanencia de un modelo de ferrocarril público y de calidad.

Con toda la importancia que tiene la actualidad del anunciado cierre de servicios públicos de transporte por ferrocarril (esta es la autentica definición de la medida) en diversas comunidades autónomas, que hay que intentar evitar por todos los medios ya que lejos de ser solo un problema de empleo, que lo es, o del volumen de la empresa RENFE, que también lo es, va a afectar de manera trascendental a la cohesión del territorio y al desarrollo de extensas zonas rurales con graves problemas de despoblación, que se acelerarán, contradiciendo las reiteradas promesas políticas y gubernamentales sobre la necesidad de reordenación del territorio y la búsqueda de fórmulas para un reequilibrio poblacional en las diversas zonas geográficas de este, los problemas que se ciernen sobre el modelo de transporte ferroviario en España van sin embargo mucho más allá y tienen el objetivo final de su recorte, disminución y final privatización.

Son suficientemente conocidas las experiencias que en este sentido han tenido otros países, el caso más emblemático es el del Reino Unido donde después de una liberalización salvaje, seguida de masivas pérdidas de empleo, deterioro del servicio y gravísimos accidentes con víctimas mortales, el Gobierno tuvo que renacionalizar la red para poner orden, con los consiguientes costes económicos, sociales y humanos gratuitamente causados.

Pero no hace falta irse a otros países. En España tenemos ya ejemplos suficientes de lo negativo de esta manera de actuar. Uno de ellos puede ser Endesa que después de una pelea política sobre quien podría ser su comprador acaba en manos de la italiana Enel, paradójicamente empresa pública en su país, y que ahora, ante su anuncio de trasladar su cúpula y todo el poder de decisión a su sede central en Roma, se rasgan las vestiduras todos aquellos que más hicieron por su privatización y venta con el recurrente y falso argumento del mejor servicio a la sociedad desde el mercado privado que desde la empresa pública , en un sector tan sensible y estratégico como el de la energía en este caso.

Otro ejemplo es el de Iberia primero privatizada y luego vendida, en una falsa fusión, a la inglesa British Airwais, la primera ahora en proceso de franco desmantelamiento y que lleva a la actual ministra de Fomento a confundir y a contradecir su filosofa exigiendo que Iberia actúe como una compañía de bandera del país, frente a los intereses de la inglesa, cuando ello no es posible gracias a sus propias políticas de privatizaciones.O se es una compañía pública dirigida por el Gobierno y al servicio de los ciudadanos o se es una compañía privada al servicio de sus propietarios y accionistas, las dos cosas al mismo tiempo no son posibles señora ministra.

Se trata de evitar que el ferrocarril español siga parecidos caminos, el Gobierno actual vuelve a querer actuar como alumno aventajado planteando la división de las empresas ferroviarias Adif y RENFE +FEVE en seis empresas nuevas, mas pequeñas y fáciles de manipular a partir del mes de Julio y adelantar la liberalización de los servicios de transporte de mercancías y de viajeros, estos últimos establecidos por la Comisión Europea a diciembre de 2019, con el objetivo final, nada disimulado, de su privatización con la reciente ayuda de la Comisión Nacional de la Competencia planteando la separación de RENFE del ministerio de Fomento con el fin de facilitar las cosas.

Paradójicamente países como Francia y Alemania mantienen sus ferrocarriles públicos, sus empresas ferroviarias integradas y son los candidatos más probables a hacerse con el control de las partes más rentables de un ferrocarril español privatizado. Sea esta la situación final o la aparición de algún empresario amigo del gobierno, o lo más probable una solución mixta entre ambos, el transporte público ferroviario español acabaría corriendo la misma suerte de Iberia y Endesa, es decir, disminución drástica del empleo, también de derechos laborales en el medio plazo, control en manos extranjeras,parcial o totalmente de empresas públicas de otros países, disminución del tamaño y de la calidad de los servicios y el riesgo tan importante en este medio de transporte de una reducción en los niveles de seguridad.

Frente a estos riesgos la solución más plausible pasa por proponer la creación de un holding ferroviario, que deberían encabezar los sectores políticos, sindicales y sociales que ya se están movilizando frente al recorte de servicios anunciado para el mes de junio, holding que venga a reforzar el sector ferroviario español, Adif y RENFE +FEVE coordinado con las empresas de construcción y fabricación ferroviaria que eleve la capacidad para competir también en el terreno internacional con otras compañías, especialmente SNCF Francia y DB Alemania, que permita una planificación en España que garantice la comunicación y el transporte en igualdad de condiciones a todos los territorios y a todos los ciudadanos, con un convenio colectivo de sector que refuerce la productividad y la integración de los trabajadores en el proyecto.

Paralelamente el Gobierno español tiene que dejar de jugar a ser el alumno aventajado de la liberalización ampliando plazos para analizar negociar y consensuar estas medidas, con trabajadores y usuarios, comprometerse a dar los pasos que al final puedan ser inevitables nunca antes que los competidores que mantienen una estrategia más correcta de empresa pública y dirección gubernamental, no se puede regalar el esfuerzo que España ha hecho y sigue haciendo en inversiones ferroviarias.

Este holding ferroviario también sería mas rentable en los términos de ahorro y reducción del déficit que tanto utiliza como coartada el actual Gobierno para sus desmanes privatizadores, el mantenimiento de los puestos de trabajo evita el gasto en seguros de paro y pensiones, su capacidad de compra, venta y ejecución ahorra costes sobre la actividad de seis empresas (públicas o privadas) divididas, que junto a la generación de ingresos contribuye a reducir realmente la deuda pública, no mediante el truco de la pseudoprivatización con subvenciones y exenciones fiscales, dinero público en definitiva, posteriores a los empresarios amigos.

Junto a la oposición al desmantelamiento de servicios públicos esenciales como la Sanidad la Educación y los Servicios Sociales, otros que ya lo han sido como la Energía o la escandalosa falta de garantías para los ciudadanos en el derecho a una vivienda digna, el derecho a un transporte público por ferrocarril accesible, digno y seguro no es secundario ni menor, más bien al contrario, sin él otras muchas cosas se resentirán, principalmente la capacidad de movilidad de los ciudadanos y la articulación ordenada del territorio con sus efectos sobre la economía el desarrollo y el bienestar.

A diferencia de otros sectores, todavía se está a tiempo de defender para España la permanencia de un modelo de ferrocarril público y de calidad, eso sí, los partidos políticos de la oposición y los sindicatos no deberían perder más tiempo para llevarlo al frente de sus propuestas con este u otros planteamientos similares, una positiva iniciativa sería por ejemplo la petición inmediata de un pleno del Congreso de los Diputados, para abordar la importancia estratégica de este asunto y sacarlo de la obscuridad y las confusas propuestas en que el Gobierno lo quiere mantener a la espera de asestar el golpe definitivo.

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Por un ferrocarril público y social

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